Especialistas piden resguardar derechos del contribuyente en el nuevo mecanismo para que el SII acceda a información financiera

El mecanismo para flexibilizar el levantamiento del secreto bancario para investigaciones tributarias fue el principal tema de conversación ayer entre asesores tributarios y sus clientes, en el marco de la presentación del proyecto que refuerza el cumplimiento tributario como parte del denominado “pacto fiscal”.

Si bien hay consenso entre los especialistas respecto a la pertinencia de reforzar los mecanismos de persecución de los delitos fiscales, donde hay diferencias es respecto a la manera de hacerlo.

Con la propuesta del Ejecutivo, el contribuyente tendrá la responsabilidad de fundamentar ante un tribunal su oposición a que el Servicio de Impuestos Internos (SII) acceda a su información financiera.

Hoy, opera al revés: es la administración tributaria la que debe argumentar ante la justicia la necesidad del alzamiento del secreto bancario.

Flexibilización del levantamiento del secreto bancario podría ser piedra de tope del proyecto de cumplimiento tributario

Darle mayor flexibilidad al levantamiento del secreto bancario es una medida que podría “agilizar” algunas de las fiscalizaciones, pero se debe mantener la posibilidad de acudir a un control en sede judicial, expone el socio líder de Consultoría Tributaria de KPMG Chile, Andrés Martínez.

“Junto con ello, los funcionarios del SII deben someterse a estrictas medidas de confidencialidad en la utilización de la información financiera a la que acceden y considerar sanciones severas por cualquier infracción”, plantea.

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En el estado actual de “criminalidad” que existe en el país, el flexibilizar el levantamiento del secreto bancario pareciera ser una medida “necesaria”, considera el socio de Recabarren & Asociados, Luis Felipe Ocampo. Especialmente, cree que podría ser efectivo para indagar a la delincuencia organizada, la que finalmente debe efectuar transacciones con el mercado a través de mecanismos del sistema formal, por ejemplo, para adquirir bienes de mayor valor, normalmente a través de testaferros o sociedades de fachada.

Eso sí, tiene dudas en aplicar dicho mecanismo para contribuyentes formales que estén al margen del crimen organizado: “Recordemos que las empresas tienen sus movimientos bancarios registrados en la contabilidad que están obligadas a mostrar a la autoridad tributaria”.

En opinión de la socia de Tax & Legal de PwC Chile, Loreto Pelegrí, el levantamiento del secretario bancario funciona “bien hoy”, ya que está regulado en la Ley de Bancos, haciendo que el SII deba requerirlo y pueda levantarse en el marco de un juicio.

“De hecho, siempre que ha habido fundamento se ha otorgado y se han abierto esas cuentas, por lo que no sé cuál es el sentido que a priori se afecte la intimidad de las personas respecto de sus transacciones”, dice y menciona la posibilidad de que se use erróneamente esa información en el SII, como ha ocurrido en casos de posible corrupción como los audios del caso Factop.

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La carga judicial y oposición

El socio líder de Tax & Legal de Deloitte, Hugo Hurtado, opina que agilizar el acceso a la información financiera del contribuyente es una medida que “facilita el cumplimiento tributario”, pero debe ir acompañada de un proceso “expedito” de oposición por parte del contribuyente: “Si el procedimiento de oposición es muy engorroso, puede transformarse en una carga demasiado pesada para emprendedores y pequeños empresarios, que podría afectar el desarrollo de sus negocios”, advierte.

El socio de Bustos Tax & Legal, Claudio Bustos, cree que no es “justo” asignarle al contribuyente el peso de concurrir a sede judicial a oponerse al acceso a su información financiera.

“Es la autoridad la que debe acreditar que tiene antecedentes fundados como para requerir el acceso a la información bancaria del contribuyente. Un ejercicio poco criterioso de esta facultad puede llevar a una caza de brujas, con la evidente vulneración a los derechos de los contribuyentes”, dice.

Más preocupado se muestra el abogado del Área Tributaria de Arteaga Gorziglia, Gonzalo Ferraz de Andrade, para quien el establecer en el contribuyente la responsabilidad de oponerse judicialmente al acceso a las cuentas financieras apuntaría a “romper con la presunción de inocencia que debiera proteger a los contribuyentes”.

“Antes era el SII quien tenía la carga de la prueba, y quien debía probar qué información era necesaria y porqué, lo que inevitablemente provocaba que el acceso a la información bancaria de los contribuyentes fuera más limitado. Al mismo tiempo, tendrá como efecto que los contribuyentes incurran en una mayor cantidad de gastos, tomando en cuenta lo que significa ser parte de un proceso judicial”, anticipa.